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PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

Respaldo colectivo al pacto regional por la Justicia

El documento que se ha presentado hoy en la Asamblea Regional contempla la creación de 27 unidades judiicales, la incorporación de 15 fiscales y reforzar el Instituto de Medicina Legal, el turno de oficio y la justicia gratuita, además de poner énfasis en la creación de la Ciudad de la Justicia de Cartagena y la terminación de las sedes de Lorca y de Molina de Segura.



La Asamblea Regional de Murcia ha acogido hoy la presentación del documento base del Pacto Regional por la Justicia, realizada por la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, y el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán,  en el que se recogen toda una batería de propuestas para mejorar y modernizar la administración de Justicia en la Región.

El acto, al que han asistido representantes de los cinco grupos parlamentarios y el presidente y el fiscal-jefe del TSJ, ha evidenciado la sintonía entre los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-  para lograr que la Justicia en Murcia disponga de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar su importante cometido, algo que ha reseñado  en su discurso el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo.  “Cuando en otras instancias se habla de descoordinación entre las distintas administraciones, aquí en nuestra Región, y, para el caso concreto de la Justicia, se está trabajando coordinada, eficaz y diligentemente”.

La necesidad de un Pacto Regional fue planteada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, en la apertura del año judicial del pasado año. El Gobierno regional recogió el guante y ha ordenado y plasmado en un documento las aportaciones realizadas por más de medio centenar de asociaciones relacionadas directa e indirectamente con la administración de justicia y las más de setecientas propuestas reunidas en el proceso de consulta pública. Queda ahora que los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia avalen y respalden este documento, empeño al que se ha comprometido el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, en sus palabras de bienvenida a los asistentes al acto, para que el documento se haga llegar al Ministerio de Justicia con el mayor respaldo posible.

Entre las propuestas incluidas figura el aumento de medios personales con la creación de 27 unidades judiciales, la incorporación de 15 nuevos fiscales, así como la potenciación del Instituto de Medicina Legal, el turno de oficio y la justicia gratuita. En el capítulo de medios materiales se hace especial hincapié en la creación de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, y la conclusión de las sedes judiciales de Lorca y Molina de Segura. Los otros tres apartados están dedicados a la capacitación y formación, la digitalización y  la mediación y arbitraje.

    El presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, ha elogiado la diligencia y la colaboración entre administraciones en el “proceso que se está siguiendo para superar un problema endémico en la Región de Murcia” y ha declarado que “puede servir de claro ejemplo de cómo actuar con los grandes retos que tenemos planteados en otros ámbitos”.



NOTAS DE PRENSA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
El Gobierno regional presentó hoy en la Asamblea Regional las 50 propuestas incluidas en el Pacto para mejorar y modernizar la administración de Justicia en la Región de Murcia. Los consejeros de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, expusieron el contenido de este documento al presidente de la Asamblea Regional y a los partidos políticos representados en la Cámara, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, al Fiscal Superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, y al secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra.
 
Esta comparecencia inicia una ronda para buscar la adhesión de diferentes entidades y asociaciones de todos los ámbitos de la sociedad. El objetivo es seguir recabando los máximos apoyos y representatividad para elevar las demandas de la administración de Justicia y de la sociedad murciana al Ministerio de Justicia.
 
En la elaboración del Pacto, de hecho, ya participaron más de medio centenar de entidades de los ámbitos judicial, académico, político, social o empresarial, además de contar con las más de 700 aportaciones realizadas por los ciudadanos a través de un proceso de participación pública.
 
El consejero Javier Celdrán subrayó durante la comparecencia que el Pacto “es fruto de un intenso trabajo y de un gran acuerdo político y social que sin duda refleja de manera fiel el estado de la Justicia y la visión que la sociedad tiene sobre el funcionamiento del sistema judicial en la Región”.
 
“El Gobierno regional recogió hace un año el guante lanzado por el presidente del TSJ y el Fiscal Superior para tratar de corregir el déficit histórico de medios humanos y materiales que padece la Región, y ahora este Pacto va a permitir elevar la voz de los murcianos para llevar estas demandas al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias y los recursos para modernizar esta administración y dotarla con más y mejores medios humanos y materiales”, señaló Celdrán.
 
Por su parte, la consejera Beatriz Ballesteros destacó que “la Justicia es una herramienta indispensable para mantener la estabilidad social y aportar solidez económica, prosperidad y progreso”.
 
“El documento recoge medio centenar de propuestas concretas en los ámbitos del refuerzo en medios personales, refuerzo en medios materiales, implantación de nuevas tecnologías, actualización formativa y de nuevas capacidades y fomento de la mediación y el arbitraje. Medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema judicial en la Región de Murcia y que permita seguir sirviendo de instrumento de cohesión y de garantía de derechos y libertades”, señaló Ballesteros.
 
En la actualidad, según el informe ‘La justicia, dato a dato’ correspondiente a 2019, la Región es la tercera comunidad con peor ratio de jueces por habitante (10,7 por cada 100.000 habitantes), lejos de la media nacional (11,9 por cada 100.000) y de comunidades como Asturias (15,3 por cada 100.000 habitantes) o Cantabria (13,8 por cada 100.000 habitantes).
 
La consecuencia de esta infradotación es que, a pesar de la gran cantidad de asuntos que resuelven, los tribunales de la Región son los terceros más congestionados de toda España, con más de 100.000 asuntos pendientes a día de hoy.
 
Un atasco judicial con un impacto de 1.500 millones al año
“Este atasco judicial pasa una enorme factura a la economía regional, ya que traslada la idea de una Región menos competitiva, menos segura jurídicamente y menos atractiva para los inversores. Diversos estudios, además, cifran en torno a 1.500 millones anuales el impacto económico de un sistema judicial que resulta ineficiente por la falta histórica de recursos”, lamentó el titular de Presidencia y Hacienda.
 
“La más que previsible entrada masiva de asuntos durante los próximos meses supone además un reto de proporciones extraordinarias, que exige para afrontarlo la colegiación de esfuerzos entre todas las instituciones, corporaciones y actores de la sociedad civil para conseguir para la Región una respuesta judicial que contribuya a la preservación del tejido económico y la salvaguarda de los derechos individuales y libertades públicas”, destacó la titular de Transparencia, Participación y Administración Pública.
 
El documento final recoge medio centenar de propuestas estructuradas en cinco ejes, como son el refuerzo de medios personales y materiales, la implantación de nuevas tecnologías, la actualización formativa y de nuevas capacidades de los profesionales judiciales y el fomento de la mediación y el arbitraje.
 
En lo que se refiere al refuerzo de medios, tanto personales como materiales, el Pacto recoge algunas propuestas como la creación de 27 nuevas unidades judiciales para equipararse a la media nacional; la incorporación de 15 plazas de fiscales; refuerzo del personal en el Instituto de Medicina Legal y Forense; la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena y de nuevas sedes judiciales en Lorca y Molina de Segura; la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Murcia o la construcción de infraestructuras que garanticen la privacidad en los juzgados de violencia de género.
 
Dentro de la integración de las nuevas tecnologías figuran, por ejemplo, potenciar el trabajo en la nube; facilitar los medios para implantar el expediente judicial electrónico, el uso de videoconferencias en conciliación laboral o el impulso a la red LexNET con la incorporación de los registradores y notarios.
 
En el ámbito formativo, el Pacto aboga por la colaboración en la formación con colectivos diversos como los criminólogos, trabajadores sociales, registradores, notarios o informáticos; una mayor especialización de los profesionales de la abogacía en materia de igualdad y de menores o por la mejora en el manejo de nuevas aplicaciones.
 
Por último, en lo que se refiere al fomento de la mediación y el arbitraje como fórmulas para reducir la tasa de litigiosidad, se incluyen algunas propuestas como el apoyo a la Unidad de Mediación Intrajudicial; difundir las ventajas de la mediación y el arbitraje o una reforma de la legislación regional que impulse estas herramientas como alternativa a la vía judicial.



CIUDADANOS
Ciudadanos ha mostrado hoy su apoyo al Pacto Regional por la Justicia, “un documento emana de la sociedad y los propios profesionales, y que nos va a servir de base para elevar estas demandas al Ministerio de Justicia”. Miguélez ha abogado por una “necesaria y urgente equiparación de los medios personales y humanos con los que contamos en la Región con el resto de autonomías, porque en este ámbito también hemos sufrido una infradotación endémica”. En este sentido, la diputada liberal ha recordado que “el atasco judicial derivado de esta infradotación pasa una factura a la economía regional que diversos estudios cifran en torno a los 1.500 millones de euros anuales”.

Miguélez ha destacado “la necesidad de alcanzar grandes acuerdos, de lograr una tregua política y que vayamos unidos a reclamar lo que nos corresponde”. A su juicio, “la Justicia es una herramienta indispensable en estos momentos de crisis, porque aporta la estabilidad social y solidez económica necesaria para afrontarla con garantías”. La diputada naranja ha destacado que “el Pacto nace de la participaron más de medio centenar de entidades y cuenta con más de 700 aportaciones de los ciudadanos” que se plasman en cinco grandes ejes, destacando el refuerzo de medios materiales y humanos, la digitalización, la formación y “especialmente el apoyo a la mediación y el arbitraje, unas herramientas que nos permitirán reducir la litigiosidad y agilizar la administración de Justica, lo que repercutirá en mejoras económicas”.

En el capítulo de mejoras materiales, Miguélez ha enfatizado que el Pacto recoge propuestas clave para Ciudadanos como la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena y las nuevas sedes judiciales en Lorca y Molina de Segura. La formación también respalda la creación de 27 nuevas unidades judiciales para equipararse a la media nacional o la incorporación de 15 plazas de fiscales, necesarias para equipararnos a la media nacional y no quedarnos de nuevo atrás”.



PSRM-PSOE
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Francisco Lucas ha asegurado que el PSOE es un partido responsable, de sentido de región y de gobierno. “Analizaremos con detalle y rigor las 50 medidas presentadas hoy para enriquecer este documento, con el fin de alcanzar el pacto por la justicia que necesitan los hombres y mujeres de la Región”.

Lucas ha hecho estas declaraciones tras la presentación por parte del Gobierno regional del documento base del pacto por la justicia. “En el Partido Socialista somos conscientes y conocedores de la situación del sistema judicial en la Región. Por ello, hemos reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de alcanzar un pacto por la justicia y abordar los principales retos y carencias que tiene este sector tras 25 años de gobiernos del PP”.

Ha recordado que en la pasada campaña electoral el PSRM planteó diez acuerdos para afrontar los principales retos de la Región. “El pacto por la justicia era uno de ellos. Diego Conesa reiteró en la investidura de López Miras su ofrecimiento para alcanzarlo, y en todo este tiempo no hemos dejado de exigir al Gobierno regional que convocara al conjunto de fuerzas políticas para consensuarlo”.
Lucas ha señalado que el documento presentado en la Asamblea Regional, por sí solo, no puede ser denominado pacto por la justicia, ya que un pacto requiere del trabajo previo y del consenso de todas las fuerzas políticas, “y este documento no lo recoge”.

“Una oportunidad más perdida del Gobierno de López Miras. El Ejecutivo regional y el PP demuestran que no saben el verdadero significado del acuerdo y del consenso”, ha concluido.



PODEMOS
La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha asistido esta mañana al acto celebrado de presentación del llamado Pacto por la Justicia. La diputada ha denunciado que se pretende hacer pasar por acuerdo lo que es una imposición del Gobierno Regional, que sigue utilizando su rodillo para pasar por encima del diálogo y del consenso con la oposición. En palabras de la dirigente morada, "en ningún momento se han tenido en cuenta las aportaciones de los grupos de la oposición y, lo que es más importante, ni siquiera se ha consensuado una hoja de ruta con el Gobierno de España, que es el que tiene las competencias en esta materia".

Desde Podemos aseguran compartir “la necesidad de que la administración de justicia cuente con más medios”, al tiempo que señalan que “este acto responde más a una estrategia de propaganda, un derroche de dinero público para el autobombo y la autocomplacencia del gobierno de López Miras”. La portavoz ha exigido “mayor seriedad a la hora de abordar materias tan sensibles como la justicia”, algo que debería abordarse “en el marco del diálogo con el Estado, máxime cuando se trata de materias en las que la Comunidad Autónoma no tiene competencias”.

Además, Marín ha recordado que la Región de Murcia se encuentra en “una situación sanitaria descontrolada y una vuelta a las aulas caótica”, algo que incluso reconoce el propio Gobierno Regional a través de su consejero de Salud, Manuel Villegas, quien advertía hace unos días que en poco más de dos semanas, el sistema sanitario estará colapsado. La portavoz de Podemos ha señalado que "mientras la Región de Murcia hace una absoluta dejación de funciones en áreas como Educación o Sanidad, que sí son de su competencia, monta un acto propagandístico invadiendo competencias que no son suyas".

La portavoz de Podemos también se ha hecho eco de los recientes escándalos de corrupción en el seno del Partido Popular y el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Para Marín, “el único Pacto por la Justicia necesario para nuestra Región y para nuestro país es que el Partido Popular deje de bloquear a nivel estatal la renovación del poder judicial y de usar estructuras parapoliciales para tapar la corrupción de su partido y para perseguir a sus rivales políticos, como ha quedado claro en la operación Kitchen".



PARTIDO POPULAR
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha remarcado, tras analizar el contenido del Pacto Regional por la Justicia, que “el compromiso del presidente regional, Fernando López Miras, se ve reflejado hoy en un documento que es la voz de los ciudadanos que reclaman una justica más ágil, justa, rápida, eficaz y moderna”. En este sentido, ha explicado que “López Miras recogió esta petición y fruto de ese compromiso hoy nace un gran pacto histórico que ha contado con la colaboración de más de medio centenar de colectivos agentes sociales, 540 participaciones y casi mil aportaciones de ciudadanos: una alta participación que es muy enriquecedora.”

Segado ha incidido en que la Región de Murcia es una de las autonomías con la tasa  más alta de litigiosidad y con un menor ratio en número de fiscales y jueces, hecho que “produce una distorsión en el sistema judicial con dilaciones en los procesos que suponen una absoluta indefensión en lo justificable y un importante impacto económico negativo, como hemos visto recientemente”. Segado ha explicado que tenemos asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que comunidades como Asturias poseen 15 o Cantabria 14, por lo que “el Pacto por la Justicia es la palanca para que la Región obtenga los recursos necesarios para tener plena igualdad jurídica y no continuar con un sistema que da respuesta a los ciudadanos como si fueran de segunda”.

En este sentido ha dicho, que “era de justicia atender las reivindicaciones de toda la sociedad para poder solicitar al Gobierno de España una dotación de recursos justa para poder crecer el plena igualdad con todas las garantías y los mismos derechos que cualquier otro español, sobre todo en estos momentos críticos de la COVID19”, a lo que ha añadido que “una justicia sin medios no es justicia , una justicia tardía es otro tipo de injusticia”.

Segado ha subrayado que “el documento también recoge reivindicaciones casi históricas tantas veces demandadas por el PP como la necesidad imperiosa de una Ciudad de Justicia para Cartagena, Lorca y Molina de Segura, así como la necesidad de una retribución digna para los abogados del turno de oficio o el impulso de la mediación como herramienta de resolución extrajudicial de conflictos”.

El pacto, que se articula en cinco bloques (recursos humanos, recursos materiales, formación, digitalización y mediación) implica 50 medidas que “ponen encima de la mesa la necesidad urgente de dotar con recursos humanos y materiales el sistema judicial en la Región de Murcia dadas las implicaciones y consecuencias sociales y económicas” y, a juicio de Segado, “el hecho de no tenerlo dotado de la manera adecuada puede conllevar a hacernos menos competitivos, seguros y atractivos.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la Región de Murcia necesita un buen funcionamiento del sistema judicial porque “al tenerlo también genera un impacto positivo a escala local sobre el flujo de entrada de nuevas empresas”, ya que en aquellas regiones españolas donde el sistema judicial funciona mejor, la tasa de entrada de nuevas empresas es más elevada.


* Textos remitidos en los que se respetan el contenido íntegro, la redacción y la ortografía, con excepción del titular y de la entradilla del artículo
 

 



   

Etiquetas: Región

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