Jueves, Septiembre 19, 2019
   
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La acusación popular pide que Pilar Barreiro vuelva a la condición de imputada

Izquierda Unida de Cartagena y los ediles socialistas Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba, a través del letrado Juan Francisco Pérez Avilés (en la foto), han interpuesto un recurso de reforma ante la sala segunda del Tribunal Supremo contra el auto de mayo de este año que estableció “el sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de infracción penal” y el archivo de la causa seguida contra Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, en el asunto de Novo Carthago. Los argumentos que plantean para pedir la nulidad del auto son, entre otros, que el asunto se desarrolló ignorando a la acusación popular y las diligencias que solicitaron, además de que no se han tenido en cuenta “hechos relevantes” ni se ha llevado a cabo una completa instrucción, además de que el magistrado no tenía competencia para llevar a cabo un sobreseimiento libre, que corresponde al Alto Tribunal, sólo un ‘sobreseimiento provisional’.   




Primer argumento de improcedencia del auto
En sus alegaciones, el escrito presentado recoge que se recurre el auto al entender que “no responde de manera fundada a lo que constituye el objeto fáctico y jurídico de este proceso”, haciendo referencia a la exposición razonada que en su momento elevó el magistrado instructor Manuel Abadía, del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que reflejó “cosas tan graves y punibles”, reza el escrito, que reproduce un extracto del informe elevado por Manuel Abadía sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en lo que afecta a los terrenos protegidos de Miramar, en Lo Poyo o ‘La Manga Ancha’. Entre otras cosas, que Hansa Urbana había comprado fincas rústicas por importe de 2.500 millones de pesetas, “declarando en la misma escritura ante notario que Hansa iba a promover la modificación puntual del PGOU de Cartagena para el cambio de clasificación del suelo, pasando a ser ubanizable sectorizado”. También se recoge que la modificación “fue promovida de oficio por el ayuntamiento de Cartagena a instancias de la mercantil Hansa Urbana” (…) “pasando previamente por una apariencia o ficción jurídica, que era la de que el consejero Antonio Cerdá firmara en junio de 2003 un instrumento jurídico de mismo rango, “que es una orden a que reinicia el PORN y en su artículo 93, en vez de proteger lo incluido en espacios abiertos e islas del Mar Menor, lo reclasificara a urbanizable, sin publicación en el BORM del articulado”. Abadía reflejó que dicha orden se firmó “porque lo pedían desde Cartagena”, según reconoció el propio Cerdá.

Más adelante, además de abordar los pasos seguidos por el Ayuntamiento, afirma que todo “se hace para destruir la legislación de protección medio-ambiental y para subvertir el ordenamiento jurídico en esta materia en su totalidad, pues si conforme al Drecho prevalece la legislación ambiental sobre l aurban´sitica, aquí el ayuntamiento de Cartagena hace inviable la efectividad de la ley medio-ambiental y, en una maniobra torticera, jerarquizan a contrario sensu en una modificación puntual urbanística…”. 

El recurso ahora presentado señala que no se responde de “forma fundada y razonada a tales extremos” y que el Supremo se basa exclusivamente en la declaración de la imputada “y en la documentación que ella, unilaterlamente, presentó”.

Continúa plasmando que el asunto “es más grave desde el punto de vista de la indefensión”, en referencia de que se ha archivado el asunto sin atender a la acusación popular, exponiendo que subsanaron los requisitos que les pidieron, pero que a fecha de hoy todavía “no se nos ha proveído nada”, apuntando que la noticia de la petición de sobreseimiento de la fiscal del Supremo recorrió en abril los medios de comunicación de Cartagena “sin que todavía se nos tuviera en cuenta”. Igualmente, se recogen diferentes titulares de prensa por los que la acusación popular pidió que se practicasen diversas diligencias, “y una vez más, el silencio por respuesta”, con lo que estima que se ha desarrollado la instrucción “violando el principio de contradicción y el derecho de tutela judicial”.

Por todo ello, piden la nulidad del auto de mayo del Supremo y que se acuerde o no la práctica de las diligencias solicitadas en marzo de 2015.

Segundo argumento de improcedencia del auto
La segunda parte del recurso se refiere a solicitar la improcedencia del mismo auto, porque no ha tenido en cuenta “hechos relevantes” que determinarían “la necesidad de proseguir con la instrucción”. Entre ellos apunta a la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento en agosto de 2004 “sin esperar a la declaración de impacto ambiental, que es de fecha 20 de enero de 2015”, e indicando, entre otros asuntos, que la construcción de un campo de golf con club social sobre 300.000 metros cuadrados en Lo Poyo “supone un acto de transformación sensible por mucho que la aprobación inicial del PORN de junio 2003 hubiera introducido la posibilidad de aprovechamiento urbanístico y el uso recreativo”.

Izquierda Unida y los ediles socialistas consideran que la actuación de Pilar Barreiro “va más allá de su mera intervención formal en el Pleno votando a favor de la aprobación, al existir una serie de elementos de conocimiento directo que permiten suponerle una posición especial respecto al resto de concejales”.

El abogado Pérez Avilés también apunta que en el juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad de Murcia “existe ingente material probatorio que no ha sido remitido al Supremo”.

Este apartado finaliza con la solicitud de que sea revocado el sobreseimiento y continúe la instrucción con la práctica de diligencias probatorias ya interesadas por las acusaciones populares.

Tercer argumento de improcedencia del auto
En este caso se basa en la incompetencia del instrucción para acordar el sobreseimiento libre, considerando que sólo lo podría llevar a cabo de forma provisional, pues así lo tiene establecido la propia Sala II del Alto Tribunal.

Cuarto argumento de improcedencia del auto
En este apartado se plantea que la instrucción “ni ha sido completa, ni se ha practicado con intervención contradictoria d todas las partes, ni mucho menos está agotada”, remarcando que antes del famoso auto de mayo “una acusación particular (Izquierda Unida) ya se había personado y había interesado la práctica de hasta 16 diligencias, además de aportar 19 documentos relativos a la intervención de Barreiro en los hechos investigados”.

Finalmente, Izquierda Unida y los concejales Castejón y Torralba solicitan al magistrado instructor que tenga por interpuesto este recurso y acuerde la nulidad de la resolución, retrotrayendo las actuaciones hasta el momento de la solicitud de diligencias por parte de la acusación popular. En su defecto, piden que se continúe la instrucción por esta inconclusa la misma o que se acuerde el sobreseimiento provisional en lugar del sobreseimiento libre.

 

 

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