Domingo, Mayo 20, 2018
   
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Una frustración de casi nueve mil kilómetros

Es la distancia que separa desde hace cinco años a un padre, que reside en España, de su hijo, quien está en Ecuador con su madre. El hombre paga la pensión de alimentos, pero no ha podido estar con el pequeño en el último lustro. El pasado mes de febrero desembolsó 2.200 euros para su viaje, pero en el aeropuerto se llevó la sorpresa de que no venía en el avión, como había acordado con su madre. La parte judicial de este conflicto está en los tribunales de Cartagena, pero el malestar crece por el lado parterno porque sienten que la justicia no se aplica por igual en las obligaciones de cada progenitor ni aporta soluciones reales.


El planteamiento general de este asunto desde la parte del padre es muy simple: “Estamos pagando la pensión de alimentos pero no podemos ver al niño”, dice junto a su actual esposa en la conversación mantenido con este diario. Es decir, siente un agravio por parte de la justicia. “Incluso, en un momento dado dejamos de pagar la pensión para forzar a la madre para ver al niño y enseguida salió la sentencia por impago. Sin embargo, pasa el tiempo y la Ley no ofrece soluciones a la otra parte. Incluso, ella no se ha presentado dos veces a juicio y no ha pasado nada. Está claro que no tiene miedo a la justicia, mientras que nosotros no entendemos esa rigurosidad con una parte y que con la otra pase el tiempo sin suceder nada”, exponen.

Vayamos a situar la historia. El hombre, de profesión camionero, tuvo un romance en España con una mujer nativa de Ecuador, que tuvo como fruto un hijo, que dispone de la doble nacionalidad. Después, la relación se rompió y se establece un acuerdo (mensualidades por alimentos de 300 euros) que luego se ve afectado al abandonar la madre Cartagena y establecerse en su país, donde sigue residiendo. El niño tenía entonces tres años de edad y ahora cuenta con ocho. Tras diversos conflictos, el pasado año se fijó un nuevo convenio (“fue un acuerdo de las partes que después se convirtió en sentencia por el juzgado de Cartagena”), que establecía, por un lado, el pago de 175 euros mensuales más los gastos del viaje en avión del menor. Por otro, el niño estaría sus dos meses de vacaciones en España.

Ambas partes, por lo que nos relata la parte paterna, acuerdan que este año esté en nuestro país del 11 de febrero al 10 de abril, por lo que se envía con tiempo el billete, que incluye acompañamiento de azafata al ser menor de edad. “En total, 2.200 euros. Pensábamos que el asunto ya estaba encauzado tras la sentencia de 2017, pero, sin embargo, al llegar al aeropuerto de Madrid no aparecía el niño”, explica el matrimonio. “Si hay una sentencia, ¿por qué no se cumple?”, se preguntan, entre otras cuestiones: “¿por qué ella no tiene miedo a la justicia?, ¿por qué no podemos dejar de pagar la pensión y ella sí incumple su compromiso?, ¿por qué con una parte la justicia es contundente y con la otra, que no muestra buena voluntad, no lo es?, ¿por qué no tiene miedo a la justicia?, ¿por qué permitieron que la madre abandonara el país con el menor?, ¿por qué la justicia no ofrece soluciones reales?…”, concluyendo en que la justicia “es muy injusta”.

El asunto lo lleva, en el capítulo jurídico, el abogado Gabriel Álvarez Barberá, quien ha presentado dos denuncias en los tribunales cartageneros. Una está interpuesta en la vía penal por incumplimientos reiterados del régimen de visitas, con lo que también plantean un cambio de custodia hacia el menor. Otra se basa en pedir la ejecución de la sentencia con la reclamación por vía civil del dinero gastado en el viaje que el niño nunca llegó a efectuar, proponiendo como alternativa que la madre pague el siguiente viaje.

 

 

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