Miércoles, Febrero 19, 2020
   
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Dos guardias civiles entre ‘las escuchas telefónicas y la pared’

Ambos niegan en el juicio ser los autores de los comentarios surgidos de los ‘pinchazos’ que llevaron a cabo hace doce años, cuando se llevó a cabo la operación antidroga que ahora ha llegado a la sala de vistas de la Audiencia Provincial, en Cartagena, en la que no ha estado el principal imputado al encontrarse en rebeldía y en la que otros dieciséis implicados han confesado su autoría a cambio de reducir las penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía a entre 9 y 24 meses, según cada caso.



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Una macrocausa que se desarrolló en 2007 ha entrado en su recta final. Abarca dos delitos de narcotráfico, uno por un desembarco de 79 fardos de hachís en la madrugada del 9 de junio de ese año en la playa de Las Amoladeras, en La Manga del Mar Menor, y otro un mes más tarde en la desembocadura del río Guadalquivir, en Sevilla. El proceso abarcó a unas treinta personas, que esta mañana, en la primera sesión del juicio, se ha visto muy reducida a dieciséis, a los que hay que añadir a dos personas ausentes. Por un lado, Kamal, a quien se atribuye la dirección del grupo y que está en rebeldía, y de Mohamed Alab, quien está preso en Francia. Del resto hay que indicar que se han producido archivos de las acusaciones y prescripciones. 

La vista ha tenido dos partes bien diferenciada. Por un lado, dieciséis personas consideradas participantes en los desembarcos, transporte, facilitación de vehículos y venta han reconocido su autoría, aceptando las penas pactadas entre la fiscal y sus abogados defensores, que estaban entre tres y siete años y medio de prisión, las cuales quedan entre nueves meses y dos años, según cada caso. Uno de los que ha confesado ha sido Sama, quien lo ha hecho a través de videoconferencia al no poder desplazarse a Cartagena por carecer de documentación.



Los abogados que han defendido a estos encausados durante el proceso han sido bastantes: Fuencisla Martín Oliva, Miguel Belmonte, María Isabel Belmonte, Manuel Maza Ruiz, Manuel Maza de Ayala, Esteban Piñero, Juan Manel Aido, Antonio Ramírez, José Víctor Pato, José Rodríguez, José Antonio Cuevas, Beatriz Gámez, Emilio Martínez y Ricardo Álvarez-Osorio.

Ahora queda por resolver el apartado de los dos guardias civiles investigados, un sargento y un agente a los que la acusación pública considera que proporcionaron información precisa a los 'narcos' para garantizar el desembarco en La Manga. Se les piden tres años de cárcel a cada uno por un delito contra la salud pública más cuatro por un delito de cohecho, que también abarca nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. En el capítulo económico, por cada delito se les pide 3,1 millones al igual que al resto de implicados y de 30.000 euros sólo en el caso de ellos por el presunto cohecho.

Sus abogados son Ricardo Martínez y José María Caballero, quienes en la apertura de la sesión ha solicitado nuevos documento, han impugnado el registro de una vivienda en 2007 y las escuchas telefónicas, además de considerar que sufrieron indefensión por imputación defensiva, ya que al principio de la causa no se les incluyó la acusación por cohecho, por lo que consideran que debe excluirse. El presidente del tribunal, Matías Soria, ha indicado sobre la documental que se ha tenido tiempo de sobra para haberla solicitado antes y sobre las restantes cuestiones ha indicado que se resolverán en la sentencia.

Después ha tenido lugar las declaraciones de los dos investigados, sobre los que la principal prueba de cargo está en el contenido de las escuchas telefónicas grabadas por los investigadores. El agente, que entonces estaba destinado en Alhama, ha afirmado que conocía al sargento de haber coincidido laboralmente en Alicante, pero que no sabía que estaba destinado en Cartagena, añadiendo que un día quedaron en Cabo de Palos para hablar sobre un trabajo de seguridad en una empresa, que no aceptó porque no le convenció. Respecto a Kamal, dijo no conocerlo.

La fiscal le ha comentado que en una conversación grabada al número de teléfono de su propiedad mantuvo una conversación con Kamal, en el que lamentaba que la operación hubiese salido mal, como la otra vez (la fiscal lo ha relacionado con que el día anterior se había frustrado un desembarco) en la que el encausado habría dicho que todo estaba controlado y que había escuchado un motor. El agente ha negado haber mantenido esa conversación, al igual que ha hecho sobre otras conversaciones grabadas en fechas posteriores. Tampoco ha reconocido que fuese el 'Pepe' al que en otra grabación atribuida al sargento con Kamal, el primero le hubiese dicho al segundo que pedía más dinero.

Después, a preguntas de su letrado, José María Caballero, ha afirmado que a él no lo conocen por Pepe, sino por José o Díaz, que no sabe lo que es un rotor (en referencia a lo que preguntaba al fiscal) y reiteró que no ha mantenido nunca esas conversaciones.

Tras veinte minutos de declaración del agente, le tocó el turno al sargento, que fue más breve al indicar que sólo iba a responder a las preguntas de su abogado, Ricardo Martínez. Aseguró que es "imposible" acceder a informaciones de otras unidades, en alusión a que podía conocer los operativos policiales en torno a un desembarco, "esa información no la conocen ni ellos, pues no se les facilita hasta que van a actuar", apuntando que la misma corresponde a los servicios de vigilancia costera ubicados en Cabo de Palos. Cerró su declaración negando de forma rotunda que le hayan ofrecido por dar algún tipo de información a alguien, además de asegurar que al principio de este asunto "no me tomaron declaración por un asutno de cohecho".

La sesión se reanuda este jueves, a las diez horas, con los testimonios de los efectivos que participaron en el operativo, para después exponer las partes sus conclusiones.






 

 

 

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