Sábado, Agosto 19, 2017
   
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Convocatoria de ayudas individualizadas a personas con discapacidad

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) nº 98, del pasado día 29 de abril, la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica resolución de 25 de Abril de 2017, nº 3006, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio de 2017. Su finalidad, según contempla el artículo 2, es la concesión de Ayudas Individualizadas a Personas con Discapacidad, con carácter no periódico, otorgadas por una sola vez a personas con discapacidad que precisen determinados servicios, adquisición de instrumentos o ayudas especializadas.

En concreto, se subvencionará la adquisición de ayudas técnicas que mejoren la autonomía personal y la calidad de vida de estas personas, las cuales permiten a las personas con discapacidad una plena integración social y salvar barreras que permiten una mejor adaptación al medio.

Se consideran ayudas técnicas los aparatos o equipos utilizados para desenvolverse mejor en la vida diaria. A modo de ejemplo se podrán solicitar ayudas por “Adaptación funcional del hogar”, por “Eliminación de las barreras Arquitectónicas”, por “tratamiento bucodental”, por “Audífonos”, por “otras ayudas técnicas Auditivas”, por “repuestos y accesorios para ayudas técnicas auditivas”; todas éstas ayudas tendrán una cuantía máxima de 3.000,00 euros; por “adaptación de vehículos de motor” habrá una cuantía máxima de 1.800,00 euros: por “prótesis dental” será de 1.500,00 euros; por “silla de baño/ducha con reposacabezas” de 1.300,00 euros; existirá una cuantía máxima de 1.200,00 euros para ayuda de “Grúa eléctrica (arnés incluido)”; 1.100,00 euros será la cuantía máxima para “cama articulada completa (incluye somier, colchón articulado y barandillas)”; por “silla de baño/ducha” será de 450,00 euros; y de 400,00 euros popr “Colchon articulado/látex”, “Gafas (máximo dos unidades)”, “lentes (máximo cuatro unidades) y “lentillas (presupuesto anual)”; y por último, hasta 200,00 euros por “colchón antiescaras”.

Es importante el reseñar que “podrá concederse ayuda para un solo concepto por solicitante”, y que en cualquier caso, “la ayuda máxima a conceder por solicitante será de 3.000,00 euros”.
La Consejera Violante Tomás explicó que "los beneficiarios podrán adquirir ayudas técnicas auditivas, camas eléctricas articuladas, colchones articulados, de látex o antiescaras, gafas y grúas eléctricas, además, contemplan la eliminación de barreras arquitectónicas".

Esta partida presupuestaria se puso en marcha el pasado año y este ejercicio se incrementa un 20 por ciento, al pasar de los 200.000 euros consignados en 2016 a los 240.000 euros de este año. Podrán solicitar ayudas las personas que tengan reconocido un grado igual o superior al 33 por ciento de discapacidad, que residan y estén empadronadas en cualquiera de los municipios de la Región, al menos con seis meses de antelación a la solicitud de la ayuda.

La cuantía máxima que se establece para los solicitantes en la orden también aumenta, es de 3.000 euros, y supera los 1.000 euros que se recogían en la convocatoria del año anterior.

Asimismo se amplía el plazo de presentación de solicitudes de 15 a 30 días hábiles. De manera que el plazo de presentación de solicitudes será del 2 de mayo hasta el 13 de junio.

Este año también se amplían las ayudas a nuevos conceptos, como la adaptación funcional del hogar, eliminación de barreras arquitectónicas, adaptación de vehículos a motor o sillas de baño, entre otras. Para los tratamientos bucodentales, las prótesis dentales, lentes y lentillas también se podrán solicitar ayudas.

La ampliación de estos conceptos es fruto de diversas  propuestas de las asociaciones integradas en el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias (Cermi-Región de Murcia), y  de personas con discapacidad que, a título individual, han manifestado sus demandas ante el Instituto Murciano de Acción Social.

 

Los fiscales y la imagen de menores con discapacidad

El Fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha firmado una instrucción en la que pide a los fiscales que se abstengan de actuar contra aquellas informaciones que afectan a menores con discapacidad, salvo que se trate de contenidos intolerables, es decir, que sean actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad, o de discriminación en el tenor de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (LGDPD).

Así se recoge en la Instrucción 1/2017 sobre la actuación del fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual, firmada por el fiscal general del Estado este lunes 27 de marzo.

La instrucción refleja que el CERMI y la FGE coinciden en admitir que "una intervención excesiva y desproporcionada puede tener el efecto adverso de desalentar a los medios hacia el objetivo ya reseñado por el Comité de Derechos del Niño de utilizar los medios de comunicación para fomentar actitudes positivas hacia las niñas y niños con discapacidad y procurar que su aparición en la programación sea proporcional al peso y a la participación de este colectivo en el conjunto de la sociedad".

De esta forma, los fiscales analizarán la aparición de niños y niñas con discapacidad en los medios de comunicación audiovisual partiendo de la protección reforzada que ha de dispensarse en tanto menores de edad y personas con discapacidad. En concreto, según recoge el documento "aunque generalmente proceda la anuencia a la realización del programa, habrá que ponderar siempre si es necesario un control de su contenido y si el mismo ha de realizarse antes o después de la emisión".

En este sentido, la instrucción indica que mantiene plena vigencia los criterios contenidos en la Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen de los Menores. Tales criterios se aplicarán, tras las tareas de comprobación de contenidos.

También establece que la gravedad de las intromisiones en los derechos de los menores con discapacidad debe ponderarse a partir de la evolución producida en el seno de la autorregulación de contenidos televisivos e infancia, y del derecho administrativo sancionador de carácter estatal y autonómico.

Respecto al marco de los contenidos intolerables que justificaría el ejercicio de acciones judiciales por parte del fiscal, son definidos como los actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad, así como de discriminación en el tenor de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social (LGDPD).

En caso de que la emisión (cualquiera que sea su formato) no contemple contenidos intolerables, pero pueda verse afectada la imagen social de los niños y niñas con discapacidad por la actuación de los medios de comunicación por no responder a los criterios que exige la Convención sobe los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Instrucción establece que los fiscales se abstendrán del ejercicio de acciones judiciales.

No obstante, a través del Fiscal Delegado de Menores, pondrán el caso en conocimiento de la Unidad de Menores de la FGE al objeto de su correspondiente comunicación al CERMI para que, por el mismo, se procuren las restantes medidas alternativas para la plena eficacia del derecho fundamental.

Por otro lado, para facilitar la labor de la Comisión de Seguimiento creada conforme al Convenio de colaboración entre la FGE y el CERMI, los fiscales comunicarán a la Unidad de Menores de la FGE los casos relativos a programas cuyos contenidos o formas de presentación revistan características especiales o alguna complejidad.

La firma ha tenido lugar al término de la reunión con los miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha colaborado activamente en su realización. El fiscal general ha explicado que, con esta Instrucción, se garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que los Fiscales pueden armonizar su actuación y ofrecer una respuesta común ante hechos similares, y ha agregado que los diferentes Convenios Internacionales firmados por España exigen que se dispense un trato respetuoso, y que salvaguarde la identificación de los menores con discapacidad.

 

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