La fiscal mantiene sus acusaciones en el caso 'Espolón' tras unas seis horas de exposición

Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 9 de diciembre de 2021, JUEVES.

La representante del ministerio público, que mañana continuará con sus conclusiones, considera que hay indicios y pruebas suficientes sin las grabaciones de los micrófonos ocultos, cuya validez está en el aire, para la condena de los 18 procesados (con 4 hay acuerdos condenatorios cerrados) como autores de preparar el transporte de un centenar de kilos de cocaína en el casco de un barco que llegaría a Escombreras (Cartagena) y que al final no se produjo.

La décima sesión del macrojuicio ha tenido como protagonista exclusiva a la representante de la Fiscalía, en una jornada que se ha iniciado a las once horas en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, y que ha concluido a las seis y cuarto de la tarde.

La fiscal, en unas seis horas de oratoria (hay que descontar recesos y salida para almorzar), ha mantenido con firmeza su escrito de acusación contra los 18 encausados, de los que 4, cabe recordar, se han apartado de estas sesiones al cerrar acuerdos condenatorios con el ministerio público.

La letrada del ministerio público ha justificado el inicio de la investigación por parte de la Guardia Civil. "Las sospechas iban bien encaminadas", ha afirmado, añadiendo que en los seguimientos se pudo comprobar que todos los encuentros de los sospechosos "acababan relacionados con Escombreras", por cuyo puerto, presuntamente, iba a llegar un barco cargado de droga. Además ha incidido en que varios de los implicados contaban con antecedentes "por actividades delictivas".

La validez de las grabaciones están en el aire, como expusimos en un artículo anterior, por lo que la fiscal ha hecho hincapié en varios momentos en que la base de la acusación no está en ellas, "han aportado datos y detalles, pero no fueron fundamentales en la investigación", ha aseverado.

A lo largo de la jornada se ha referido a varios asuntos que han tenido relevancia en el plenario. Por ejemplo, la maleta que la esposa del principal encausado (alias 'Jacobo') subió a un barco de bandera de Malta (con destino a Turquía) en Escombreras. "Esa maleta no hubiera tenido acceso al puerto en circunstancia normales por los controles que existen", ha comentado, dando a entender la implicación del guardia civil imputado. Respecto a que la mujer dice que no era ella, pues nunca ha tenido el pelo rubio y estaba embarazada, ha replicado diciendo que los guardias civiles, en los seguimientos, la vieron en diversos momentos rubia y morena, y respecto a la visibilización de su gestación, que todo depende del tiempo que llevase y de cada persona. "La defensa, en este tema, tampoco ha aportado fotos sobre ella en aquella época para mantener que era muy visible su embarazo y que era un detalle que destacaba que fuese la que subió la maleta", ha apuntado.

Ha continuado diciendo que el juicio "está demostrando más indicios de que sí se produjo el delito que de que no iba a ser así", remarcando que las versiones de los abogados defensores "hacen aguas y aluden a testigos que luego no aportan". Otro ejemplo que considera que le da la razón es que no tenía "sentido hablar 15 minutos dentro de un coche o viajar a 8 kilómetros para tomar un café, habiendo locales en Canteras. Lo hacían para comprobar si los seguían".

Ha hecho diversas referencias a los alias o 'nick' de los investigados en sus conversaciones y de las palabras que utilizaban para referirse de forma oculta a diferentes situaciones y objetos. Así, ha indicado que la droga eran 'melocotones'.

Igualmente, ha reforzado la operación llevada a cabo por la Guardia Civil en los razonamientos judiciales de los autos que acompañaron al desarrollo de la investigación, al igual que rechaza que sea ilegal que la Guardia Civil accede al banco de datos de la Policía Nacional para recabar datos de sospechosos.

Elemento importante también en la versión expuesta por la Fiscalía ha estado en los testimonios incriminatorios de los cuatro que confesaron su autoría.

También está convencida de que ese barco que iba a traer la droga existía. "Da igual del país que saliese, pues lo importante es que pasase por Colombia, donde este entramado no tenía problemas para conseguir la droga, para luego venir a Cartagena en lo que debía ser el inicio de una línea regular de abastecimiento. Sí existía ese barco y, además, la cantidad iba a ser de unos cien kilos, y esto no lo sabemos por la microfonía, sino porque así lo muestra el chat de una conversación entre los investigados", ha afirmado.

Este viernes, en la sesión once, continuará la fiscal con su exposición, a la que se sumará un compañero del ministerio público. Lo que sí ha avanzado hoy al comenzar a hablar es que mantiene las peticiones de prisión que expuso al principio del proceso (expuestos en artículos anteriores), pero con unos pequeños cambios en dos casos y con pactos consumados en otros cuatro.

Así, a José J.E. le cambia la petición de pena de cuatro años y medio a tres años de cárcel, pero el investigado y su abogado, Jorge Cantador, no se conforman y siguen queriendo conseguir la absolución.

Al funcionario de un juzgado de Cartagena, la fiscal le ha añadido el agravante de prevalimeiton del artículo 22-7ª, por entender que hizo uso de las ventajas de su cargo público, pero mantiene la petición de tres años de prisión.

Sí están cerradas las causas con los cuatro con los que se han alcanzado acuerdos entre fiscal y abogado defensor, siendo ratificados por ellos:
- Javier R.M. (alias 'Miguel Ángel'): la petición inicial de 13 años de cárcel por delitos contra la salud público y cochecho quedan en un total cuatro año y nueve meses más el pago de una multa de 2.160 euros.
- Orlando H.G.C. y Antonio M.T.: las penas inicialmente solicitadas de 5 años para cada uno por narcotráfico quedan en 2 años.
- Nicolás L.G.: le pedían nueve años y medio por narcotráfico y cohecho, quedando el primero en cuatro meses, que se pueden sustituir por trabajos en beneficio la comunidad, y el segundo en año y medio de cárcel. Además se le impone una multa de 3.600 euros.