Las drogas los llevan de la playa al juicio tras un trayecto de diez años
Fue en 2011 cuando la actuación de Vigilancia Aduanera de Cartagena evitó el desembarco de droga en la playa de El Pedruchillo y ahora ha tenido lugar la vista oral en la Audiencia, resolviéndose por la fórmula de sentencia de conformidad. Un encausado recibe una pena de dos años de prisión y para otros cinco es de año y medio.
La unidad combinada de Vigilancia Aduanera de Cartagena inició a principios de 2011 investigaciones sobre una posible llegada de hachís a territorio español procedente de África. Estas indagaciones también contaron con la autorización del juzgado de Instrucción número 1 de San Javier para efectuar intervenciones telefónicas. A partir de ahí fue identificándose los sospechosos.
Yousfi A. era el representante de los vendedores y quien viajó a España para contratar las personas encargadas del desembarco del hachís en las playas y también a los que después la llevarían por carretera a distintos puntos de la geografía nacional.
Para el asunto del desembarco, contactó con C.B.A., con antecedentes por una condena de 2010 del juzgado de Lo Penal número 1 por otro asunto de drogas. Era propietario de una embarcación, que tenía en un punto de amarre del CN Marina Salinas de Torrevieja. CBA recurrió su hermano GBA (con antecedentes penales) para preparar la nave, mientras que para el pilotaje de la embarcación buscó a Giorgio C.B., quien a su vez buscó a M.S.R. para que lo auxiliase. Por otro lado, para la distribución del hachís, Yousfi mantuvo contactos telefónicos con A.V.C.
El 26 de mayo de 2011 'Barbarela' se hizo a la mar con Giorgio y MSR a bordo. Ese día, a las 11.35 horas, los agentes de Aduanas asaltaron la nave a 17 millas de la playa de El Pedrucho de La Manga del Mar Menor. Llevaba 97 fardos con 2.924 kilos de resina de hachís cuyo valor en el mercado negro superaba los cuatro millones de euros.
La vista oral se celebró hace unas fechas en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia por la vía rápida, pues el acto oficial llegó tras un acuerdo de la fiscal con los abogados defensores (Juan F. Pérez Avilés, Manuel Maza, Eva Andreu y Escrivá). Para CBA, para el que inicialmente se pedían 6 años y 9 meses de cárcel, la pena quedó en 2 años. Para el resto se fijó en año y medio. En principio, se pedían cuatro años y medio para cuatro y cuatro años para el restante. Entre los factores que han facilitado el acuerdo está la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial no imputables a los investigados. Las multas se fijan en algo más de dos millones para cada uno.
Pérez Avilés solicitó que los dos hermanos a los que representa quedan en libertad con la condición de no reincidir, apuntando que uno de ellos, CBA, ha adelantado el pago de 4.300 euros y se ofrece a efectuar trabajos a beneficio de la comunidad. El resto de letrados pidieron el mismo beneficio para sus representados. La fiscal no se opuso a las solicitudes y en el caso de Cristóbal apuntó un período de 3 años para que no vuelva a delinquir (en ese caso automáticamente entraría en prisión) y abarcar también un lustro de trabajos en beneficio de la comunidad.
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