"Ahora vienen menos pateras porque les hemos metido pánico"
Responsables de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (UCRIF) expresan en los procesos judiciales que se llevan a cabo en Cartagena con organizadores y pilotos de pateras llegadas hace tiempo que ahora, pese al buen tiempo, no vienen por temor a las consecuencias. En la imagen, un reciente encausado que seguirá dos años en prisión.
Lo habitual es que cuando llega el buen tiempo aparezcan las invasiones de pateras. Sin embargo, este año no está sucediendo. A mitad de mayo fueron interceptadas varias embarcaciones procedentes de Argelia cerca de Cabo de Palos. Fue algo puntual, pues apenas llegaban desde marzo, cuando una atracó en el camping nudista de El Portús y otra sufrió la tragedia de al menos dos fallecidos al volcar frente a Mazarrón.
La presencia de Cartagena de Ley en los juzgados de Cartagena es casi diaria y hemos sido testigos de la casi totalidad de vistas orales fijadas en los procesos contra los denominados 'pateristas', aquellos que participan en estos viajes como organizadores, pilotos o simples colaboradores. Gracias a esta labor hemos podido escuchar a un responsable de la UCRIF su satisfacción por esa notable reducción de pateras. "Se ha conseguido meterles pánico y por eso ahora se lo piensan antes de venir a las costas de la Región de Murcia, prefiriendo algunos dirigirse a las de Almería", ha dicho, añadiendo que a buen "seguro volverán a venir, pero cada vez lo tienen más complicado". Indica que ese frenazo a las travesías con tripulantes en situación irregular refleja del alto porcentaje de acierto de las investigaciones en cuanto a los 'pateristas' procesados.
Cabe recordar que en esta labor participan muchas unidades de diferentes cuerpos, como los equipos para detectar las pateras, las embarcaciones de Salvamento Marítimo y Guardia Civil, a los que en ocasiones se suman patrullas de tierra, además de la Policía Nacional iniciando las diligencias, la investigación de la UCRIF, la instrucción judicial y la labor de fiscales y jueces para obligar a los que son condenados a que las penas de prisión tengan que cumplirlas en España. Parece, desde fuera, que la situación ha cambiado más por la mayor contundencia y firmeza en España que por el papel de las autoridades argelinas.
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