La Audiencia confirma que cobraron de más dos ediles de la anterior legislatura de Cartagena
El tribunal de la sección segunda confirma la sentencia que emitió en marzo la sala contenciosa de Cartagena y da la razón a Francisco Martínez Muñoz (entonces concejal de Podemos), quien en este proceso ha tenido como abogado a Luis Martínez Vela. El fallo judicial estima que el gobierno local del ayuntamiento cartagenero, en el tramo de los años 2015 a 2018, no debió poner a José López (MC) y Obdulia Gómez (PSOE) los mismos ingresos que al portavoz de la oposición sin estar aprobado por el pleno municipal, con lo que rechaza el recurso presentado por la socialista y por el Ayuntamiento, a quienes condena a pagar las costas generadas en la apelación.
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Cuando se aprobó de forma irregular ese incremento en los sueldos de López y Gómez, como portavoces de sus respectivos partidos políticos, el entonces concejal Francisco Martínez Muñoz, de 'Cartagena sí se puede' (Podemos), se opuso y viendo que no se atendía su petición decidió llevar la impugnación del decreto de Alcaldía de fecha 6 de noviembre de 2017 a la vía judicial (demanda presentada en marzo de 2018), buscando para ello el asesoramiento del abogado Luis Martínez Vela. La jueza María Dolores Sánchez López, de Lo Contencioso-Admnistrativo número 1 de Cartagena, resolvió en su sentencia que ese acuerdo fue una interpretación particular del reglamento y que dicha modificación debió pasar por visto bueno del Pleno municipal, lo que no sucedió, por lo que anula la subida del 3 de julio de 2015 al 9 de marzo de 2018 en el caso de Obdulia Gómez y del 11 de septiembre de 2017 al 8 de enero de 2018, en el de José López.
El abogado Luis Martínez Vela en su despacho de la calle Mayor de Cartagena
Las cifras que deberán devolver será fijada en la ejecución de sentencia. El sueldo que entonces fue 'aprobado' y que igualaba al portavoz de la oposición era de 61.338 euros anuales, distribuidos en 12 mensualidades y 2 pagas extraordinarias. Habría que multiplicar por los meses que afecten a cada edil la diferencia entre esa cifra y lo que se cobraba como concejal no portavoz. Abarca más meses en el caso de Gómez, cuya cantidad podría estar en torno a los treinta mil euros.
Obdulia Gómez y el Ayuntamiento de Cartagena presentaron un recurso contra esta sentencia (no lo hizo José López), la cual ha resuelto la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado José María Pérez-Crespo Payá como ponente.
En sus razonamientos, el juez considera que Francisco Martínez tenía legitimidad para presentar la denuncia y, al respecto de la legalidad o no del decreto de Alcaldía, indica que es el pleno municipal el que determinará "la relación de cargos dela corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y con derecho a retribución, por lo que la competencia para ello corresponde, en última instancia, a este órgano y no al presidente, quien, según la norma, es quien realiza la propuesta...", recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso el periódico Cartagena de Ley, reiterando que era precisa la previa aprobación por el pleno, "por lo que su omisión no era susceptible de ser completada por el decreto impugnado". También se paunta que las especiales circunstancias del pacto político alcanzado para formar gobierno (entonces fue un acuerdo entre PSOE, MC y CT Sí Se Puede en el que los dos primeros integraban el gobierno), no alteran la obligatoriedad de pasar este asunto por el pleno.
El magistrado hace referencia al 'Reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena', reiterando que corresponde al pleno establecer el régimen retributivo de sus miembros. También rechaza el juez las dudas que se plantean sobre la legitimidad de la demanda y del demandante en este proceso.
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