¿Fue a traición el martillazo que derivó en la muerte de Rosalía a manos de su expareja?
Ahí se centra el debate del juicio que ha comenzado esta mañana contra J.M.G. (de 70 años de edad), que reconoce la autoría de la muerte el 22 de julio de 2020 quien fue su esposa desde 1982, pero cuyo letrado defiende que lo hizo de cara y no por la espalda, como sostienen las acusaciones. Además, unos afirman que no se preocupó por la víctima (“no llevaba restos de sangre en la ropa”) y otros aseguran todo lo contrario (“enseguida llamó al 1-1-2”). El jurado popular, tras las diferentes sesiones, deberá pronunciarse sobre una acción que influye de forma notable en los años de cárcel a imponer, al igual si existieron o no maltrato en la relación y se si se ha dado o no arrepentimiento tras el crimen por parte del varón.
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Piden 28 años y 5 meses de cárcel para quien mató a su expareja con un martillo
El magistrado Álvaro Castaño, titular de la sección tercera de la Audiencia, en Murcia, tras la constitución del jurado popular, ha explicado a sus integrantes diversos aspectos, como la diferencia entre el sistema judicial español y el norteamericano, conocido más por las películas. A continuación se ha dado lectura a los escritos de las partes.
El escrito del ministerio público, representado por el fiscal José Manuel Marcos, recoge unas amenazas de 2018 en la que el hombre le dijo a la esposa “te voy a matar, te voy a mandar al hospital”, por lo que ella se refugió en casa de una hermana. También indica que, más adelante, el hombre sacó el dinero que tenían en el banco, “lo que afectó a la salud mental de Rosalía Fernández, quien residía en el inmueble “aislada” por el hombre y la hija de ambos. Respecto al suceso del 22 de julio de 2020, indica que atacó “de forma súbita y sorpresiva con un martillo con cabeza de metal y 33 centímetros de mango de madera, que cogió de armario, haciéndolo por la espalda y propinando varios golpes. Se pide 28 años y 5 meses de cárcel al estimar que hubo alevosía, amenazas y maltrato habitual.
La acusación particular, que representa a los dos hermanos de Rosalía, la lleva María del Carmen Peña Rubert. En su escrito refleja que hubo “intención” de acabar con la vida de la mujer (o sabiendo que podía ocurrir) y que propinó, al menos, un golpe, quedando un gran charco de sangre en el suelo proveniente del cráneo. También resalta que no hubo indicios de lucha ni manchas de sangre en la ropa del hombre, “no la atendió, la dejó morir”. La letrada asegura que sufrió maltrato pero que no denunció por miedo, pero que sí quedó reflejado en que tuvo que ir a terapia y refugiarse, en ocasiones, en casa de su hermana.
La defensa la lleva el letrado José María Caballero. En su escrito refleja que el procesado y Rosalía contrajeron matrimonio el 18 de septiembre de 1982 y que en mayo de 1983 nació su hija, pero que desde 2015 no existía afecto marital, viviendo ambos en el domicilio “sin dirigirse palabra alguna y tampoco compartiendo comida, salvo cuando ella se iba a casa de una hermana”. La defensa del acusado considera que en el trastorno depresivo, por el que se empezó a tratar en 2019, influyeron las relaciones familiares y un problema de tiroides, pero no que hubiese maltrato. Más adelante, en el escrito de defensa, se reconoce que la sentencia del juzgado de familia de Cartagena fue lo que “alteró” a J.M.G., “porque le creaba inseguridad. Él, quien asumía todos los gastos de la vivienda, cobraba una pensión de 1.500 euros y fue condenado a pasar a la mujer 700 euros de forma indefinidad y dejarle la casa, lo que suponía que él se quedaba con 800 menos menos lo que le costase alquilar otra vivienda”, indica, lo que generó su “ira” y los insultos al abogado que tuvo en este procedimiento. Sobre el momento del crimen, se afirma que no golpeó a la mujer por la espalda. “Tras coger el martillo de un cajón, dio el golpe en el lado izquierdo del cráneo, algo propio de un diestro que ataca de frente. Después llamó al 1-1-2 pidiendo urgente auxilio, además de reconocer su acción ante ese servicio de emergencias y después ante la Policía Nacional”, indicaba Caballero.
También hablaron Nicolás Valero, el abogado del Estado que lleva la acusación particular, y la acción civil, que representa el Servicio Murciano de Salud, que reclama los gastos de la operación y estancia de 28 días de la víctima en el hospital de la Arrixaca.
Después, el juez le ha pedido al jurado popular que pongan especial atención, además del homocidio, en si existieron o no maltrato del varón hacia la mujer, relación de parentesos y arrepentimiento en el autor.
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