Segunda espantada que obliga a aplazar un juicio por narcotráfico
Sucedió en octubre de 2021 y esta pasada semana. Uno de los cuatro procesados por un presunto delito contra la salud público, en base a una operación policial llevada a cabo en 2019 en Lo Campano (Cartagena), se marcha de la sala de espera de la sala de vistas de la Audiencia mientras los abogados negocian un acuerdo con la fiscal, en el que esta persona era una de las dos que no aceptaba.
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Al parecer, por lo que pudo conocer este diario, esta persona tuvo que ser localizada mediante requisitoria para poder fijar fecha para el primer juicio. Ahora, tras provocar dos suspensiones, se ha acordado otra requisitoria de busca y captura. Es de imaginar que, cuando sea localizado, se mantenga con vigilancia hasta la celebración del juicio para evitar más pérdida de tiempo a los profesionales de la justicia, encausados, agentes de los cuerpos de seguridad y testigos implicados.
La Fiscalía considera, de partida, que son responsables de delitos de tráfico de drogas que causan y no causan graves daños para la salud, pidiendo para cada uno de los cuatro procesados penas de 4 años y 6 meses de prisión, más multa de 10.636 euros, que es el triple del valor de la cocaína y haschis incautadas. El ministerio también pide el comiso y destrucción de toda la droga y efectos intervenidos, además del comiso del dinero que se encontró (67 euros). Apuntar que también estaban una porra y una fusta, que según los policías, era para proteger el negocio. Los abogados defensores son Ángel Cegarra Castejón, Pdro Jesús Márquez García, Jesús Casas Aguilar y María Dolores Martínez Conesa.
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