El fiscal del 'caso Topillo' termina su escrito de acusación

Escrito por Licos. 19 de enero de 2022, MIÉRCOLES.

Miguel de la Mata pide la apertura de juicio hacia los que considera que están entre los responsables de la contaminación del Mar Menor entre los años 2012 y 2017, entre los que figuran el exconsejero Antonio Cerdá, para quien pide 21 meses de prisión. También incluye al entonces comisario de Aguas y a unas cuarenta empresas agrícolas, para las que solicita penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de cárcel. En total, se piden 18,8 millones de euros por el concepto de inmdenizaciones.



La fiscalía de medio ambiente ha terminado el escrito de acusación en el que concreta a qué personas y a qué entidades y empresas considera que, con su actitudes, influyeron en los procesos de contaminación del Mar Menor por los vertidos de salmuera de las desalobradoras ilegales entre los años 2012 a 2017.

De los investigados desde un principio, excluye a la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Charo Quesada, mientras que mantiene a Antonio Cerdá, entonces consejero de Agricultura, para quien solicita un año y nueve meses de cárcel y una multa de 5.800 euros. Otro nombre destacado es Manuel Aldeguer, entonces comisario de Aguas y ahora director general del Agua en la Comunidad Valenciana, para quien se solicita el mismo tiempo de prisión.

Respecto a las empresas agrícolas, la relación de afectadas se puede ver en este artículo del diario La Opinión: pinchar aquí. Las penas que se solicitan dependen en cada caso, siendo las peticiones de prisión desde 5 meses hasta 6 años, con diferentes cuantías económicas.

El fiscal, en el escrito remitido al juzgado de instrucción número 2 del partido judicial de Murcia, considera que el perjuicio sufrido por el Mar Menor en este tiempo está valorado en 19,5 millones de euros. Respecto a las indemnizaciones, pide cifras que suman 18,8 millones de euros.

En esta causa también están personados como acusadores organizaciones ecologistas como ANSE y Greenpeace, entre otras, además de los abogados que defienden a los investigados. El juicio podría celebrarse dentro de un año.

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Etiquetas: Cartagena

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