Lo acusan de no facilitar una información correcta en la venta de una vivienda
Un hombre se enfrenta a penas de seis años de prisión, que solicita la acusación particular, y de dos años y medio, que pide la Fiscalía, por un presunto delito de estafa en base a una presunta ocultación a comprador de un procedimiento que afectaba a la vivienda que adquirió en 2017 y que no ha podido ocupar. La defensa pide la absolución.
Se trata de un tema de interés en lo referente a que el vendedor de un inmueble está obligado a facilitar toda la información relativa al mismo al comprador, aunque este comentario no quiere apuntar a que en este procedimiento se hiciera o no.
El asunto tiene su origen en la compra de una vivienda en Cartagena por 110.000 euros, la cual fue escriturada en agosto de 2017. El vendedor comunicó al comprador que en el interior había “ocupantes precaristas”, en concreto, su madre, y que en varias ocasiones se les había requerido a que abandonasen el inmueble. Sin embargo, según la Fiscalía y la acusación particular, representada por el letrado Pedro Madrid Briones, del despacho Madrid Abogados, ocultó la existencia de un procedimiento seguido en un juzgado de primera instancia que tenía como objeto la determinación de la titularidad de la vivienda por demanda de la progenitora. En septiembre de 2017 dicha sala resolvió su sentencia con la desestimación de esta demanda de la madre, pero con opción de recurso de apelación. Ya que en septiembre de 2019 aún no había podido ocupar la vivienda, el afectado presentó la querella al considerar que sufría un claro perjuicio económico.
La Fiscalía pide dos años y medio de prisión como autor de un delito de estafa y una indemnización al coprador en la cantidad que se determine por los perjuicios ocasionados. La acusación particular eleva la petición a seis años de prisión. La defensa, representada por el abogado Matías Lafuente, por su parte, pide la absolución y en sala que la demanda de la madre estaba resuelta previamente.
El tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, resolverá este litigio.
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