El CERMI insta al gobierno a sancionar a las empresas expedientadas por inaccesibilidad de sus webs
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a aplicar la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y a sancionar a las grandes empresas expedientadas por la inaccesibilidad de sus páginas corporativas de internet.
Desde hace años, hay abiertos varios expedientes sancionadores por presunta infracción de la normativa sobre accesibilidad de las páginas de internet de las que son titulares grandes empresas del país, sin que hasta el momento hayan sido resueltos por el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a pesar de que han quedado acreditadas suficientemente, a juicio del CERMI, las deficiencias en esta materia, lo que contraviene la legislación sobre servicios de la sociedad de la información y la de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
El ministerio, según ha comunicado a las partes denunciantes, entre las que está el CERMI, propone el archivo de alguna de las denuncias (no en todas, en al menos una, hay propuesta de sanción) por la inexistencia de infracción, a la vista de los progresos que algunas de estas compañías han efectuado en la accesibilidad de sus páginas, en los años transcurridos desde que se denunciaron los hechos y ante la presión de los expedientes sancionadores en curso.
Para el CERMI, las mejoras introducidas en materia de accesibilidad en esas páginas de internet, algunas dudosas y en todo caso mucho tiempo después de las denuncias, no eximen de la responsabilidad objetiva contraída por esas empresas al no ofrecer condiciones de accesibilidad en el momento en que legalmente eran exigibles. La acción posterior correctora puede en su caso modular la sanción, pero no cancelarla, pues la infracción ha quedado evidenciada.
El CERMI confía en que Sanidad aplique la legislación vigente y sancione a las empresas comprobadamente infractoras, y en todo caso, preparará recursos ante la Justicia contra las decisiones administrativas que no velen escrupulosamente por los derechos de las personas con discapacidad.