Decreto Ley 2/2015
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, intervino el pasado viernes en la sesión plenaria de la Asamblea Regional para la convalidación del Decreto-ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, y ha avanzado que "más de 10.000 personas beneficiarias de servicios sociales podrán acogerse a la nueva normativa".
"Esta reforma favorece a 5.857 personas mayores y con discapacidad que son atendidas en centros de día y residencias, 323 menores con medidas de protección, 3.700 niños que reciben Atención Temprana y más de 1.000 personas en riesgo de exclusión social atendidas en plazas de acogida", según ha indicado la consejera.
El texto normativo reforzará el derecho a la iniciativa de organizaciones sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales, a través del desarrollo de modos de gestión tales como el concierto social o los convenios de colaboración.
En su intervención, Violante Tomás ha afirmado que "el Gobierno regional ha impulsado esta reforma con los objetivos fundamentales de garantizar la continuidad de las prestaciones a mayores, menores, personas con discapacidad y aquellas en riesgo de exclusión social, así como dar seguridad a los servicios, superando las actuales incertidumbres debidas a la falta de un régimen jurídico específico".
La consejera ha subrayado que "el presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, se comprometió con las ONG que gestionan centros para las personas en situación de dependencia, personas sin hogar, menores y otros colectivos, a que impulsaría una normativa que protegiera la actuación de dichas organizaciones y, sobre todo, los derechos de los colectivos a los que atienden".
El concierto social y el convenio "van a agilizar los actuales contratos que la Administración regional firma periódicamente con las organizaciones sociales". De otra parte, la figura del concierto social está prevista en las directivas europeas, y ya la han introducido en sus legislaciones varias comunidades autónomas, como Baleares, Asturias o País Vasco.
En cuanto a las ventajas del nuevo marco normativo, Violante Tomás ha explicado que "va a permitir tratar a las entidades sociales como lo que son, y no como empresas privadas". De esta forma, "la Administración podrá firmar con cada una de ellas un concierto para financiar las plazas de los diferentes servicios que atienden y se atenderán aspectos fundamentales, como la calidad de la atención prestada a las personas”.