Una farsa que deben conocer los opositores

Escrito por José Nieto Molina, 12-06-2015.

Buenos días, soy profesor de Secundaria de la Comunidad Autónoma de Murcia desde hace más de 20 años, estoy adscrito a dos especialidades Organización y Gestión Comercial y Administración de Empresas.

El día uno de junio fui notificado que debía presentarme el día 3 a la constitución de uno de los dos tribunales de oposición de la especialidad de Hostelería y Turismo. Sorprendido por la noticia, me informé de cuál podría ser el motivo. Era la insuficiencia de profesores de la especialidad para poder cubrir dos tribunales razón por la que se había declarado afín mi especialidad (de forma arbitraria al no existir normativa específica para ello). Con gran curiosidad examiné las coincidencias de temario y, siendo bastante optimista, comprobé que en algo menos del 30% del temario podía existir total o parte de coincidencia. Siendo ninguna en el desarrollo de cualquier prueba práctica.

Puse este hecho en conocimiento de la Administración responsable en escrito destacando mi incompetencia (justificándolo pormenorizadamente con los dos temarios) en la mayoría de las materias de la especialidad en la que debía formar parte del Tribunal, así como que me parecía un fraude evidente la connivencia de la Administración en un proceso selectivo en tales circunstancias, desprotegiendo muy especialmente el derecho del opositor a ser evaluado por persona competente que pueda garantizar que dispone de conocimientos suficientes. En la constitución del Tribunal volví a presentar el mismo escrito, advirtiendo la presidenta del mismo que ya era conocido y no servía para nada. Es típico y redundante el hecho de que muchos profesores no quieren participar en procesos selectivos y cualquier incidencia la toman como excusa simplemente dilatoria sin entrar a valorar su verdadero sentido. Siento que pueda entenderse mi escrito como tal, pues he participado en los procesos selectivos a los que he sido convocado sin la menor reticencia o escusa.

En otras ocasiones y ante esta situación existen múltiples soluciones como p.e. traer especialistas de otras Comunidades (a los que hay que pagarles –con las tasas de los opositores-) o disponer de otros funcionarios con acreditados conocimientos en las materias o, incluso, nombrar un único Tribunal al que podrían permitir algo más de plazo. Ninguna de estas se ha tenido en cuenta sino la más fácil de implicarnos a los funcionarios de especialidades no solo no afines sino enormemente dispares. Se trata de una Administración que hace continua gala de procesos de calidad concretados en rellenar cientos de papeles de los que no se extrae nunca conclusión alguna y que rompe cualquier indicio de la calidad desde el primer momento de la educación, en la concreción de las personas que deben impartir clases.

No pretendo que entiendan nada los encargados de organizar y permitir (pues hay muchos más responsables) esta farsa, solo que lo conozcan los opositores que van a concurrir al proceso selectivo entre los que habrá muchos que tengan cierto interés por cómo se juega con su futuro.

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