Cuatro años y medio de prisión por la agresión a la pareja de su 'ex'
Tuvo lugar en diciembre de 2018 cuando el ahora condenado cogió una cerradura con pasador de 17 centímetros que estaba sobre una mesa y golpeó en la pareja a la pareja sentimental de la mujer con la que había terminado una relación. Fue procesado por un delito de homicidio en grado de tentativa, que se ha resuelto en la Audiencia Provincial, en Cartagena, con una sentencia de conformidad entre las partes.
Los tres se encontraban en el interior de un inmueble de la avenida Juan Carlos I de la Media Sala de Cartagena, al parecer en un encuentro generado por un asunto de desahucio. En un momento determinado, en el salón, se produjo la violenta agresión que causó a la víctima diversas lesiones, como fractura-hundimietno de parietal derecho y secuelas. La Fiscalía consideró, tras la etapa de instrucción, que con esa acción corrió peligro la vida del lesionado, por lo que calificó el delito en homicidio en grado de tentativa, solicitando una condena de 9 años de prisión y el pago de indemnizaciones por las lesiones y las secuelas (10.500 euros), más intereses legales. Además, fijó una orden de alejamiento de agresor hacia su víctima de 8 años después de que se cumpla la pena en prisión.
El juicio se había fijado para el pasado mes de mayo, pero tuvo que ser suspendido por el Estado de Alarma que regía entonces por la pandemia del Covid-19. Al no celebrarse, se aceptó la salida provisional de prisión del encausado.
Ahora ha llegado una nueva convocatoria. Antes de comenzar el juicio, los abogados de la Fiscalía, la acusación particular (María Luz Otón) y la defensa (Antonio Sánchez Bustamante) llegaron a un punto de acuerdo para una sentencia de conformidad, la cual fue aceptada por el procesado, quien confesaba por videoconferencia la autoría del delito ante el tribunal.
La condena quedaba en cuatro años y medio de prisión (ha cumplido año y medio) más el pago de 10.500 euros de responsabilidad civil a la víctima. Esta cifra aumenta en 5.450 euros que tendrá que pagar al Servicio Murciano de Salud por el gasto ocasionado en la atención sanitaria a la víctima, siendo la letrada María Dolores Santiago quien representó a la Administración. La orden de alejamiento se fijaba en 5 años.
Indicar que el tribunal estuvo integrado por los magistrados Jacinto Aresté y Matías Soria, junto a Nieves M. Montalvo, en calidad de suplente.
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