Desguazan sin orden judicial un barco pesquero que trajo a 79 inmigrantes irregulares
La noticia la pudimos conocer con motivo del juicio a los cinco acusados de organizar la travesía y complicó en un primer momento el acuerdo para una sentencia de conformidad, que finalmente se alcanzó con penas de dos años de prisión para dos de los encausados y de quince meses para los tres restantes.
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El pasado 10 de septiembre, la embarcación ‘Río Guadalentín’, de la Guardia Civil, interceptaba un barco pesquero a seis millas náuticas al sur de Monte de las Cenizas. Se trataba de una embarcación de veinte metros de eslora y en su interior iban 79 argelinos que trataban de entrar en España de forma irregular tras una travesía iniciada en su país. Era un caso sin precedentes en esta zona, donde las ‘pateras’ son los medios normalmente utilizados.
El juicio se fijó para esta semana en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, donde se enfrentaban a penas de seis años de prisión cada uno como presuntos autores de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, mientras que los abogados defensores (Daniel Arqués, Kimberly Rodríguez y Alberto Rubio) pedían la absolución, teniendo entre sus argumentos que habían sido amenazados para efectuar la travesía y que no existió riesgo para la tripulación al tratarse de un barco y no de una ‘patera’ o un cayuco. Otro detalle importante para la defensa era que el barco pesquero había sido destruido (sin orden judicial) en una empresa chatarrera de Cartagena, con lo que ya no existía una de las piezas de prueba de la causa.
Sin embargo, la causa tomó por los derroteros de un acuerdo y tras varios ‘tiras y aflojas’ se llegó a la sentencia de conformidad, por la que Adlane K. y Karim B.E. aceptaban condenas de dos años de prisión como autores, mientras que Adilf B., Charf B. y Abdelah L. lo hacían como cómplices, siendo sus penas de un año y tres meses. Todos confesaron para validar el acuerdo. Hay que apuntar que todos llevan unos seis meses en situación de prisión provisional.
Antes del final de la vista, los abogados defensores pidieron que las condenas de prisión de sus clientes quedasen en suspenso, entre otros argumentos, porque no tienen antecedentes y porque forman parte de familias de pescadores que precisan de su trabajo para salir adelante. Llegaron a ofrecer pagar una multa por esa libertad condicional. La fiscal, por su parte, se opuso a la petición y será el tribunal el que resuelva con su sentencia.
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