Sábado, Agosto 19, 2017
   
Texto

La responsabilidad administrativa en el expolio

El día 9 de junio la prensa regional se hizo eco de un comunicado de la Dirección General de Bienes culturales. Tras la vergonzosa reincorporación del bien de interés cultural (BIC) Villa Calamari, a la lista roja de Hispania Nostra, sus técnicos habían vuelto a realizar una inspección en el monumento detectando  falta de conservación en el inmueble,  sin embargo el portavoz del organismo responsable de cultura remarcaba que  la propiedad sí cumplía con las labores de vigilancia.

Desde Daphne nos preguntamos: ¿qué ocurre con Villa Calamari? El artículo 8.1 a)  de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, establece que los propietarios de un Bien de Interés Cultural tendrán la obligación de “conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y  evitar su  destrucción o deterioro”. Por tanto el dudoso “cumplimiento” de la vigilancia no excluye el de la conservación. Añadimos que  el artículo 10 de la misma ley faculta a la administración a incorporar cualquier bien al patrimonio cultural de la región considerando causa de utilidad pública proceder a la expropiación del mismo por el incumplimiento del artículo 8.1.a). 

La realidad es que los “podrá” de la ley 4/2007, de 16 de marzo, dejan  al arbitrio del poder ejecutivo  actuar cara a ejercer la potestad sancionadora o expropiatoria, a pesar de producirse reiteración en el incumplimiento de las obligaciones. Esta incomprensible relajación  de nuestras leyes de patrimonio,  lejos de producir en el propietario el “propósito de enmienda”  culmina con el vergonzoso  espectáculo que vemos en Villa Calamari y otros muchos Bienes de Interés Cultural de la Comarca.

La Asamblea legislativa de la CARM tiene en sus manos,  desde hace varios meses, la propuesta de regular esta ley con un reglamento que aleje estas decisiones de la arbitrariedad del poder ejecutivo. Las fotografías del interior de Villa Calamari,   que figuran en su  expediente de incoación, deberían darnos la medida de su deterioro y de la reiteración en el incumplimiento de la ley por parte de su propietario.  Nosotros sólo podemos realizar fotografías desde el exterior y denunciar su expolio a “puerta cerrada”.

Estas  fotografías que adjuntamos, tomadas esta misma semana, evidencian los "butrones" en la fachada principal de la Villa que da fe de que sí se está "autorizando la visita pública" al monumento por parte de algunos "ciudadanos" mientras a otros se nos impide aún siendo ésta   una obligación legal,  Estamos en un punto en que sólo los técnicos y nuestros representantes en la Asamblea Legislativa pueden poner coto a esta situación. En Daphne ya no confiamos en que la reposición de algunas tejas de la cubierta y de unos cristales de las ventanas ponga fin al expolio. Esta asociación solicitará de nuevo la vista del expediente y hará llegar a la opinión pública el estado del interior de Villa  Calamari cuando fue incoada Bien de Interés Cultural y su estado en la actualidad, tras ello podrán analizar ustedes si esta región merece tener las competencias en patrimonio histórico.

 

‘Bienvenida al padre Dimas Ortega, cronista oficial de la diócesis Carthaginense’

El 10 de enero de 2016 el cronista oficial de la ciudad de Murcia, Antonio Botías, escribió un artículo titulado ‘Cuando Cartagena perdió a su Obispo para siempre’. Este artículo comienza con un lacónico “No hay Bula” y se extiende aproximadamente a lo largo de un folio desgranando al lector la historia de un traslado no autorizado: el de Obispo de la Diócesis Carthaginense a la ciudad de Murcia.

Entrevistado por el propio redactor de aquel artículo, el recién nombrado ‘Cronista Oficial de la Diócesis Carthaginense’, el Padre Dimas Ortega, presume de haber tenido en sus manos el breve pontificio de Nicolás IV, de 1289, y la orden real de Sancho IV, El Santo , de 1291. Ambos documentos- añade- están en el Vaticano, el Archivo Nacional y el Archivo Catedralicio y no son falsos o inventados,  como recientemente se ha dicho.

Así pues, para el nuevo cronista de la Diócesis, engrosan las filas de los cronicones a “depurar” todos aquellos historiadores que tratan de confundir a las “ovejas”  a base de repetir que el traslado del Obispo Magaz se hizo sin Bula Papal.

Sobre el breve pontificio no tenemos datos, salvo que ahora sabemos que el nuevo cronista de la Diócesis lo ha tenido “entre sus manos” y que también está fechado en 1289. ¡Ya hubiera querido hacerse con el mismo el académico Fidel Fita en 1883! Académico,  que tuvo que basarse en la supuesta existencia  de un documento papal otorgado por Nicolás IV,  a lo largo de  los tres años transcurridos entre la Bula dada en Rieti en  1289 y la orden real de Sancho IV, El Santo, en 1291. Esta última, que acababa de ser encontrada en el archivo de esa Santa Iglesia de Murcia por su arcediano, D.Felix Martínez Espinosa, y las palabras del rey “Y puesto que el Papa lo quiere, y yo veo que es servicio de Dios y mío, lo tengo por bien” conducen a Fidel Fita  a pensar en la existencia de un tercer documento autorizando el traslado del Obispo.

Lo que jamás hubiéramos podido imaginar es que la Bula de traslado, que el Padre Dimas ha tenido entre sus manos fechada  también en 1289, aportaría datos sobre el carácter dubitativo del Papa Nicolás IV. Éste, tras emitir una Bula solicitando información sobre la petición de traslado del Obispo Magaz y mientras sus emisarios estaban de viaje para cumplir sus órdenes, ya había cambiado de opinión emitiendo  otra  que autorizaba el traslado. Estamos seguros de que en sus futuras crónicas el Padre Ortega nos desvelará que ocurrió en el intervalo de esos tres años hasta que el rey acepta la voluntad del Papa. Dada la suma importancia que el Obispado de la Diócesis da a la orden  de un rey doblemente excomulgado  es por lo que, a lo largo de esta breve exposición,  nos hemos permitido referirnos al rey Bravo, como el rey Santo, aunque tampoco estaría de más realizar la prueba del Carbono 14 a la mencionada orden real puesto que no se comprende tamaña adoración por el rey castellano.

Lo que sí está al alcance de todos nosotros y no sólo de las manos del cronista oficial de la Diócesis es el documento con el que, allá por el año 1807 responde el Vaticano a la  solicitud de información por parte del Marqués de los Camachos sobre la existencia de la dichosa bula de traslado, dicha respuesta reza:  «Puedo certificar que no se encuentra en ningún lugar documento alguno que trate de la traslación efectuada con autoridad Pontificia de la Silla Episcopal de Cartagena a Murcia». Claro como el agua, termina su artículo D. Antonio Botias.

Nosotros, desde Daphne, sólo podemos confiar en que la petición que hicimos al rector de la Universidad de Murcia culmine con un pronunciamiento académico oficial. No nos cabe la menor duda de que el Padre Ortega contribuirá al mismo facilitando copia de la Bula de traslado, fechada en 1289, que sus manos han sido las únicas que la han podido tocar.

 

Pág. 1 de 113

 

 

Prohibida la publicación de fotografías de este diario digital con la marca 'CYA' en cualquier publicación o en Internet sin autorización.

 

Login Form

Este sitio utiliza cookies de Google y otros buscadores para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y analizar las visitas en la web. Google recibe información sobre tus visitas a esta página. Si visitas esta web, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies. Para mas informacion visite nuestra politica de privacidad.

Comprendo las condiciones.

EU Cookie Directive Module Information